Parte demandante solicitó vincular a ChatGPT Pro como prueba técnica en proceso médico

En un juicio por responsabilidad médica, la parte demandante pidió que ChatGPT Pro participara en una audiencia para analizar la historia clínica del menor fallecido. El Tribunal rechazó la solicitud al considerar que un modelo de lenguaje no puede actuar como un perito humano. Se determinó que la herramienta carece de responsabilidad legal y comprensión real sobre la medicina. La decisión final incluyó una condena económica para la parte que insistió en este uso de la IA.

Dentro de un proceso de responsabilidad civil médica por la muerte de un menor, los demandantes solicitaron que se decretara la intervención de ChatGPT Pro como una suerte de 'prueba técnica' en audiencia. El objetivo era que la inteligencia artificial respondiera interrogatorios sobre la historia clínica y los dictámenes médicos, buscando identificar posibles fallas en la prestación del servicio de salud.

El problema central radicó en establecer si un modelo de lenguaje puede ser admitido bajo la figura de prueba pericial o técnica dentro del ordenamiento civil colombiano. La autoridad judicial debió evaluar la naturaleza jurídica de la IA frente a las exigencias de contradicción y responsabilidad que rigen las pruebas en el proceso judicial.

El Tribunal Superior de Cali confirmó la negativa de primera instancia, argumentando que la solicitud era genérica y ajena a la ortodoxia procesal. Como consecuencia de la improcedencia del recurso, se condenó a la parte recurrente al pago de costas procesales por un valor de $1.500.000 pesos colombianos.

El caso destaca la tensión entre la libertad probatoria y la fiabilidad de la IA. El Tribunal aplicó el concepto de la 'habitación china' para explicar que la IA no comprende semánticamente la información, sino que procesa datos estadísticamente. Se advirtió sobre la 'opacidad algorítmica', donde la falta de un autor humano responsable que sustente la metodología impide que la IA sea tratada como un perito, pues no puede ser contrainterrogada ni garantiza la transparencia necesaria en la administración de justicia.

• Constitución Política: Art. 29 (Debido proceso probatorio). CGP: Art. 165 (Libertad probatoria), Art. 168 (Rechazo de pruebas inútiles) y Art. 226 (Prueba pericial)