Comisión Disciplinaria establece lineamientos éticos para el uso de IA en la Rama Judicial

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial investigó a un magistrado por presuntas fallas administrativas y el uso no autorizado de su firma por parte de una empleada. Aunque el caso se archivó al no hallar responsabilidad del magistrado, la providencia se utilizó como hito para fijar reglas sobre la inteligencia artificial. El tribunal determinó que la IA es solo un apoyo y no puede reemplazar el juicio humano de los jueces.

El proceso disciplinario se originó por la notificación tardía de fallos de tutela y la sospecha de que una empleada del despacho utilizaba la firma electrónica del magistrado en decisiones que este no había revisado previamente. Tras el análisis, se determinó que el magistrado no cometió falta alguna, pues las notificaciones eran responsabilidad de la secretaría y el uso de la firma fue un abuso de confianza por parte de la funcionaria administrativa.

El problema central se desplazó hacia la integridad del proceso de toma de decisiones judiciales en la era digital. La Comisión aprovechó el contexto de diversas nulidades procesales ocurridas en el país debido al uso indebido de modelos de lenguaje (LLM) para sentar jurisprudencia sobre los límites tecnológicos en la administración de justicia.

Finalmente, se decidió la terminación y archivo del proceso a favor del disciplinado. No obstante, la decisión dejó en firme que la responsabilidad sobre el contenido de las sentencias es exclusiva del juez, independientemente de las herramientas tecnológicas utilizadas para proyectarlas.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial estableció seis lineamientos éticos fundamentales para el uso de IA, enfatizando que esta tecnología es una herramienta auxiliar y no un sustituto de la labor judicial. Se aclara que la IA no tiene capacidad para valorar pruebas ni resolver problemas jurídicos de fondo, y se exige a los funcionarios judiciales total transparencia en el uso de 'prompts' y la verificación rigurosa de los resultados generados para evitar alucinaciones o errores jurídicos.

• Ley 1952 de 2019 (Arts. 90 y 250)